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Ninguna prohibición absoluta de las exportaciones de chatarra de la UE

Los comerciantes de chatarra europeos dan un suspiro de alivio: no habrá prohibiciones drásticas sobre las exportaciones de chatarra de Europa.

Ninguna prohibición absoluta de las exportaciones de chatarra de la UE

Hubo muchos temores entre los operadores del mercado de que la Unión Europea (UE) introdujera una prohibición de las exportaciones de chatarra. Pero la Comisión Europea publicó ayer su propuesta sobre los envíos de residuos, que evita sugerir una prohibición drástica e indiscriminada de las exportaciones de chatarra.

Se prohibirá la exportación de residuos a solo algunos países no pertenecientes a la OCDE.

La Comisión recomienda algo más suave al Parlamento Europeo. Por tanto, propone considerar la posibilidad de prohibir las exportaciones de chatarra a países no pertenecientes a la OCDE que no notifiquen a la UE su voluntad de recibir y que no demuestren su capacidad para tratar estos residuos de forma medioambientalmente sostenible.

En la práctica, se propone regular la exportación de residuos fuera de la UElimitando aquellos a países no pertenecientes a la OCDE que no cumplen con los estándares medioambientales de la UE. La Comisión elaborará una lista de países autorizados no pertenecientes a la OCDE y no se permitirá la exportación de residuos a países no incluidos en la lista.

Los tiempos de entrada en vigor de la prohibición se estiman entre 3 y 4 años

Las cifras relativas a las exportaciones de chatarra de la UE a países no pertenecientes a la OCDE (2019) son muy importantes. Se trata de 3,6 millones de toneladas de chatarra ferrosa, 532.000 toneladas de chatarra de acero inoxidable, 535.000 toneladas de aluminio y 602.000 toneladas de cobre. Los mayores compradores de chatarra ferrosa europea no pertenecientes a la OCDE fueron EgiptoIndia y Pakistán, que en conjunto compraron más de 2,3 millones de toneladas.

La propuesta de la Comisión será examinada ahora por el Parlamento y el Consejo Europeo. Este proceso suele tardar al menos un año, aunque puede haber una aceleración ya que el asunto se considera prioritario. Una vez adoptada la propuesta, las disposiciones sobre exportaciones a países no miembros de la OCDE se aplicarán después de tres años.

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