Las palabras pronunciadas a bordo del Air Force One tuvieron el efecto de una sacudida telúrica en las capitales europeas. Cuando el presidente Donald Trump calificó de “inaceptable” cualquier solución que no prevea un control estadounidense sobre Groenlandia, el mensaje pareció inequívoco: no una propuesta, sino una exigencia.
La referencia a la OTAN, llamada a “guiar el proceso”, completó el cuadro, transformando una hipótesis geopolítica en una demostración de fuerza sobre la propia arquitectura de la Alianza Atlántica.
Más allá de la terminología diplomática, lo que ha cambiado es el modelo de precio de la asociación transatlántica. Durante décadas, la seguridad proporcionada por Estados Unidos fue una garantía de coste fijo o, en otras palabras, alineamiento político y bases militares a cambio de protección. Hoy ese precio ha cambiado, sujeto a los estados de ánimo del Ejecutivo estadounidense.
El Artículo 5 de la OTAN, cada vez más incierto y cada vez menos automático
La OTAN siempre ha sido concebida como un instrumento binario: se está dentro o se está fuera, protegidos o expuestos. El Artículo 5 representa su corazón. Pero las señales llegadas desde Estados Unidos, en particular la negativa a excluir acciones unilaterales sobre Groenlandia, han introducido un elemento de incertidumbre en lo que debía ser una cláusula automática.
En Bruselas, la paciencia estratégica que ha caracterizado las reacciones europeas en los últimos años se ha disuelto rápidamente. La captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de las fuerzas estadounidenses, ocurrida el 3 de enero, ha contribuido a recalibrar las percepciones de los políticos europeos. No sorprende, por tanto, la dureza de las palabras de la primera ministra danesa Mette Frederiksen, quien advirtió que una acción militar sobre Groenlandia marcaría el fin de la Alianza “tal y como la conocemos”.
El mito de las minas llave en mano bajo el hielo
El posible acuerdo que se perfila para Groenlandia gira en torno a dos pilares: más gasto en seguridad y acceso a los recursos. Es sobre todo este último elemento el que se presenta como la palanca capaz de aliviar las tensiones. La idea es sencilla, es decir, conceder a Estados Unidos una parte de la riqueza minera groenlandesa para satisfacer el hambre occidental de tierras raras.
Pero la narrativa choca con la realidad industrial. Según el U.S. Geological Survey, Groenlandia alberga uno de los mayores yacimientos potenciales mundiales de óxidos de tierras raras, incluidas cantidades relevantes de neodimio y disprosio, esenciales para los motores eléctricos y para sistemas de armas avanzados como el F-35. El problema es que, a día de hoy, en la isla no existe ni una sola mina de tierras raras en funcionamiento.
El límite no es solo normativo, sino físico. El 80% de los 2,17 millones de kilómetros cuadrados de Groenlandia está cubierto de hielo. No existen carreteras que conecten los núcleos habitados, cada maquinaria debe llegar por mar o en helicóptero. Análisis del sector estiman que desarrollar una mina en un entorno ártico implica costes de capital entre un 150% y un 300% superiores a los de regiones templadas como Australia o Brasil. A esto se suma el problema energético, ya que no hay una red eléctrica a la que conectarse.
Si la Unión Europea decidiera duplicar las inversiones para hacer estos proyectos atractivos a los ojos de Washington, se trataría de una evidente subvención geopolítica, con dinero público para hacer sostenible lo que el mercado, por sí solo, no justifica. En esencia, construir una mina con pérdidas para comprar estabilidad política.
Acceso o propiedad: el paradoja estratégica
El segundo pilar de la oferta europea se refiere al refuerzo de la seguridad en el Ártico. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ya ha hablado de la necesidad de “potenciar la seguridad ártica”, en línea con la solicitud estadounidense de un mayor reparto de cargas.
Y, sin embargo, al observar la situación actual, emerge una paradoja. Si el objetivo fuera exclusivamente estratégico —contener a Rusia y China—, Estados Unidos ya dispone de todo lo necesario. La base espacial de Pituffik, antigua Thule, es un nodo crucial de la defensa antimisiles norteamericana. El acuerdo de defensa de 1951 garantiza a Washington amplios derechos operativos en la isla, incluida la capacidad de vigilar el corredor GIUK y proyectar poder militar.
La solicitud de control formal de Groenlandia, más que de simple acceso, sugiere por tanto una motivación distinta: no tanto la utilidad militar, sino la voluntad de sancionar una esfera de influencia en un mapa.
Romper el contrato de 1945
El coste más alto, sin embargo, no es económico. Es sistémico. Si Estados Unidos obligara a un aliado de la OTAN a ceder territorio, aunque solo fuera mediante presiones económicas o amenazas implícitas, se configuraría una ruptura del orden de seguridad nacido en la posguerra.
El llamado “orden internacional basado en reglas” no es una abstracción, sino un contrato escrito en 1945, con una cláusula fundamental: las fronteras no se cambian por la fuerza y la soberanía de los aliados es inviolable. Poner en cuestión Groenlandia significa romper ese contrato.
El presidente francés Emmanuel Macron ha sido de los pocos en explicitar lo que está en juego, advirtiendo que “la ley del más fuerte no puede gobernar el mundo”. También el Reino Unido, tradicional puente entre Europa y Estados Unidos, habría trazado una línea roja, invitando a Washington a mantener “las manos lejos de Groenlandia”.
La primera víctima sería la credibilidad moral de Occidente. Tras años dedicados a condenar el expansionismo ruso en Ucrania y las ambiciones chinas en el mar de China Meridional, una anexión estadounidense vaciaría esos argumentos de toda fuerza.
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